El costo fiscal del sistema de jubilación uruguayo, del 11,2% del PIB, obligó a modificar los parámetros del mismo. Aumentaron la edad de pensión y recalcularon los beneficios entregados en el pilar solidario.
En agosto del 2022, antes de que el Gobierno diera a conocer los lineamientos de la reforma al sistema de pensiones que hoy completa casi un año de tramitación en el Congreso, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, citaba el caso uruguayo. Esto, para ejemplificar cómo podría operar un sistema mixto, con la entrada de un actor estatal en la gestión de las inversiones. El modelo uruguayo (12) está más arriba que el chileno (16) en el ranking que elabora la consultora Mercer, y entrega tasas de reemplazo de en torno al 64%, incluso por encima del promedio de la OCDE. Sin embargo, el elevado costo fiscal del sistema (ver gráfico) obligó al Gobierno a incorporar —por primera vez desde 1995— una reforma que modificara sus parámetros para hacerlo más sostenible.
Las modificaciones
El cambio más sustantivo que incorporó el gobierno uruguayo al sistema previsional fue aumentar la edad de jubilación desde 60 a 65 años, con una gradualidad de dos décadas para su implementación. La decisión se enmarca en un cambio demográfico, donde las proyecciones apuntan a que en los próximos 75 años habría solo 1,3 personas activas por cada mayor de 65 años. Consultado por ‘El Mercurio’, el economista uruguayo Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), explicó las razones que fundamentaron esta decisión: ‘El gasto total del sistema de seguridad social crece sostenidamente y ya supera el 12% del PBI, un nivel similar al observado en los países de mayores ingresos del mundo. Menos de la mitad de este gasto es financiado por el aporte de los trabajadores —sobre quienes recaen aportes elevados en comparación global— y empresas —que no resisten mayores aportes—, lo que genera un peso creciente en las cuentas públicas. No hay misterio: los que reciben las prestaciones viven cada vez más y los que aportan son cada vez menos’.
Por otra parte, la reforma acordada este año también modificó la fórmula de cálculo de los beneficios del sistema de reparto: desde el máximo entre el promedio de los mejores 20 años de salarios y el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, hasta los mejores 20 años de salarios. Además, se aumentó la tasa de contribución a este pilar: del total de aportes personales del 15% del salario, la proporción que se destina al componente de reparto aumentó desde 7,5% hasta 10%. Junto con ello, los trabajadores que ahorraban a través del régimen paralelo de las Cajas de Seguridad Social se incorporan al régimen común.
Las lecciones
En Uruguay, el encarecimiento del sistema responde principalmente al envejecimiento de la población. De hecho, la tasa de cotización de los ocupados se ubica en torno al 76% y es la más alta de América Latina, mientras que el porcentaje de contribución del salario totaliza un 22,5%, por encima del promedio OCDE, de 18,2%.
Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas, que analizó los cambios del esquema uruguayo, concluye que ‘algunos políticos han tomado como modelo el sistema de pensiones de Uruguay, el cual les gustaría replicar en Chile. Sin embargo, es preciso mencionar que es un sistema carísimo, donde el Estado debe aportar 11,2% del PIB, por encima de los aportes de los trabajadores, y su costo iba a seguir aumentando si no se incrementaba la edad de pensión, se reducían las prestaciones y se elevaba la cotización’.
Por su parte, la economista uruguaya Gabriela Clivio, directora de Business Valuations de Mazars Chile, concluye que es fundamental revisar los parámetros del sistema, y opina que ‘en el mundo los sistemas de reparto han introducido gradualmente un componente de capitalización individual, dado que la mayoría son deficitarios. Dado esto, la pregunta sería: ¿Por qué en Chile queremos recorrer el camino inverso?’.