Discutir sobre el actual mercado laboral no es sólo un asunto de alzas o bajas de cesantía, sino también de la calidad de esos trabajos y las características de quiénes los ejercen. Dos investigadores ponen lupa sobre los últimos años de empleo en nuestro país y llegan a conclusiones reveladoras. Sobre la persistencia de la informalidad, la desventaja de las mujeres trabajadoras y el mito de que el empleo no se recupera pues las personas «prefieren el ocio y los beneficios del gobierno» avanza esta columna de opinión para CIPER, que añade a sus datos las deudas al respecto en el debate electoral en desarrollo.
América Latina fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia a nivel global, considerando mortalidad, caídas en la producción y destrucción de empleos. Esto se debe a que el escenario macroeconómico, social y sanitario de la región previo a 2020 era sumamente frágil. El PIB regional creció en promedio tan solo en un 0,3% entre 2014 y 2019. Según datos de la CEPAL la tasa de pobreza regional aumentó de 27,8% en 2014 a 30,5% en 2019; es decir, previo a la pandemia existían 187 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza en Latinoamérica. Si bien en Chile no existió un incremento en las tasas de pobreza durante 2014-2019, ha habido una fuerte desaceleración en el crecimiento de la producción estableciendo un panorama laboral complejo y frágil frente a la irrupción de la pandemia. Esto se reflejó en el incremento de las tasas de desocupación, como también en la creación de empleos de baja productividad caracterizados por la presencia de precarias condiciones laborales. La combinación de estos factores explica la magnitud del impacto de la pandemia en los mercados laborales nacionales y los incrementos en los niveles de pobreza.
Deterioro de los mercados laborales previo a la pandemia
La tasa de desocupación a nivel nacional tuvo un leve incremento, pasando de 6,2% en 2013 a 7,3% en 2019. Sin embargo, puede ser relevante e ilustrador observar la cantidad de desocupados en vez de las tasas. Este aumento de tan solo un punto porcentual representa un aumento en casi 180 mil personas que buscan activamente empleo y no logran encontrarlo. En la tabla 1 podemos observar que la desocupación afecta más a las mujeres trabajadoras y a los trabajadores jóvenes (de 15 a 24 años); y si consideramos las disparidades regionales, podemos comprender que la dinámica macroeconómica y laboral golpea fuertemente a grupos específicos de la población.
Adicionalmente, debemos tener claro que la tasa de desocupación considera solamente a personas que no trabajaron en la semana en que se tomó la encuesta pero que buscaron activamente empleo en dicho período. Si ampliamos la definición e incorporamos a todas las personas que trabajan en horarios part-time y desearon trabajar más horas pero por razones ajenas a su voluntad no logran hacerlo, la tasa de desocupación promedio entre 2014 a 2019 se eleva del 7% al 16%. Esto implica que el sistema económico no solo ha sido incapaz de crear los puestos de trabajo necesarios para la población dispuesta a trabajar, sino que adicionalmente no ha sido capaz de crear las horas de trabajo requeridas por los trabajadores ya empleados. Lo más relevante es que está cantidad de trabajadores part-time que buscan trabajar más horas se ha elevado en casi cien mil personas entre 2014 y 2019, y si consideramos estas dos categorías, la cantidad de personas que están desocupadas o subempleadas se eleva sobre un millón y medio de trabajadores en 2019.
No solamente existió un aumento en la desocupación en el periodo 2014-2019, sino que los indicadores de empleo en dicho período también sufrieron un deterioro. Los mercados laborales en los países en desarrollo se caracterizan por su dualidad. Existe un porcentaje de la población que debe emplearse en trabajos por cuenta propia para subsistir, ya sea en la agricultura o en servicios informales, y otro porcentaje de trabajadores asalariados que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. A nivel global, existe una correlación positiva entre el PIB per cápita de las economías y la participación del empleo asalariado en el empleo total. Esto quiere decir que en los países más ricos el porcentaje de trabajadores por cuenta propia es muy bajo y el de asalariados es alto. Durante el sexenio 2014-2019 el tipo de empleo que creció con más fuerza en Chile fue el trabajo por cuenta propia (en promedio, a 3,8% anual), mientras que el empleo asalariado creció en menos de la mitad (1,6%). Esto tiene implicancias directas en la composición del empleo, ya que podemos evidenciar un aumento en la participación del trabajo por cuenta propia en el empleo total en dicho periodo. La situación se vuelve más preocupante si es que consideramos que el empleo asalariado privado creció solamente en 1,1% en promedio durante dicho período vs. un 4,3% del empleo asalariado público. Esta escasa creación de empleo asalariado privado refleja claramente el proceso de desaceleración de la economía en Chile previo a la irrupción de la pandemia.
Si bien la composición del empleo en Chile ha sufrido pequeñas variaciones, esto tiene implicancias directas en la calidad del empleo, ya que el trabajo por cuenta propia cuenta con menor estabilidad laboral, menores ingresos laborales mensuales ($358.000 vs. $623.000 que recibieron los asalariados en promedio en 2019), menor protección frente al desempleo, menor acceso a derechos laborales como los beneficios por maternidad, accidentes de trabajo, etc.; como también falta de acceso a la seguridad social contributiva (contribución al sistema de pensiones). Sin embargo, la existencia de una relación asalariada de trabajo tampoco garantiza condiciones laborales decentes ni acceso a la protección social. Por esto se vuelve relevante también referirnos al rol del empleo informal en Chile.
El promedio de empleados informales en Chile en 2017 a 2019 fue de un 29%. Esto implica que casi uno de cada tres trabajadores en Chile no cuentan con cotizaciones de salud ni con previsión social (en el caso de los trabajadores asalariados), o que sus actividades no están registradas en el Sistema de Impuestos Internos (para los trabajadores por cuenta propia). La informalidad laboral también impacta a los grupos más vulnerables como a las mujeres, que tienen tasas de informalidad más altas que los hombres (30% vs. 27,5% de los hombres) y a los trabajadores jóvenes (casi un 40% del empleo joven en Chile es informal).
El aumento en la tasa de desempleo, la presencia del empleo informal y la creación de empleos precarios han sido características fundamentales de los mercados laborales en Chile previo a la irrupción de la pandemia. El empleo total de la economía creció en promedio casi 2% por año durante 2014-2019. Los sectores económicos que explican este crecimiento son principalmente las actividades de Hotelería y Restaurantes que representan un 17% de dicho crecimiento, el comercio (16%), la construcción (10%) y servicios de enseñanza y salud (28%). Si ignoramos a este último sector, los primeros tres sectores explican más del 40% de la creación de empleo en Chile, siendo justamente estos los más afectados por la pandemia.
Adicionalmente, son estos tres sectores: comercio, construcción, hotelerías y restaurantes justamente los que cuentan con las tasas de ocupación informal más altas de todos los sectores económicos. El crecimiento del empleo en Chile durante 2014-2019 se ha basado en la creación de empleos en sectores de baja productividad, con altas tasas de informalidad y concentrando principalmente a población vulnerable en determinados sectores productivos. Fueron precisamente estos sectores los más dañados con la pandemia, de esta forma se puede entender el gigantesco impacto recesivo que tuvo la crisis en 2020, ya que afectó fuertemente a la población más pobre y vulnerable.
Los impactos laborales de la pandemia
La pandemia ha generado la crisis económica más grave y generalizada que haya sufrido Latinoamérica desde que existen registros estadísticos. En el caso de Chile, la magnitud de esta crisis solamente fue superada por la de 1982, pero si entendemos que su impacto fue más profundo que el de la crisis asiática de 1998 o de la crisis global financiera de 2007, se puede dimensionar el grave impacto económico y social que ha tenido la pandemia y las profundas repercusiones que tendrá en el mercado del trabajo en el mediano plazo.
En términos generales existió en Chile una destrucción de casi dos millones de empleos entre el último trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2020. Sin embargo, se debe considerar que la contabilización de empleo considera a los trabajadores ausentes o con reducción de la jornada laboral a los cuales se les aplicó la Ley de Protección al Empleo (principalmente, trabajadores asalariados formales). Un indicador complementario vendría a ser la pérdida total de horas de trabajo producto de la pandemia. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Latinoamérica y el Caribe fue la región con la mayor pérdida de horas de trabajo en todo el mundo (en relación con las horas totales trabajadas en 2019) con una reducción del 16% anual vs. una pérdida mundial de 8.8%. Chile tuvo una reducción anual del 17% lo que equivale a una pérdida anual de 1.373.000 empleos de jornada completa. Este indicador es relevante ya que cuando se analiza la recuperación laboral y económica, puede existir un crecimiento de la actividad y la producción sin que aumente la cantidad de empleados asalariados formales, ya que el incremento en la demanda de trabajo de las empresas se puede satisfacer con el incremento de las horas laborales de los trabajadores con contratos suspendidos o con ampliaciones de la jornada laboral.
En el gráfico 3 podemos observar que la cantidad de ocupados ausentes se expandió de manera significativa durante 2020. En el segundo trimestre hubo 1.200.000 trabajadores que se contabilizaron como empleados aunque no ejercieron actividades productivas. Si comparamos el segundo trimestre de 2020 en relación con el segundo trimestre de 2019 podemos observar que la reducción en los empleados presentes fue de casi 2,5 millones de trabajadores.
La pérdida de empleos tuvo efectos heterogéneos entre distintos tipos de trabajadores. Los empleos asalariados formales, que están asociados a mejores condiciones laborales e ingresos, fueron la categoría de empleo menos afectada por la pandemia. Los tipos de empleos más afectados fueron aquellos asociados a peores condiciones laborales y menores ingresos. Entre ellos se destaca la fuerte caída en el empleo por cuenta propia y los asalariados informales, de esta forma podemos entender que los impactos de la crisis los recibieron principalmente los trabajadores más pobres y vulnerables.
La crisis no solo se caracterizó por la pronunciada caída en la producción y la pérdida de empleos de los trabajadores más vulnerables, sino también por la pérdida masiva de ingresos laborales de los ocupados. Según datos del INE, un 28% de los ocupados declaró una reducción de sus ingresos laborales durante 2020 (casi dos millones de trabajadores). Si bien no se observaron diferencias entre sexo, sí se constatan diferencias importantes según nivel educacional. De los ocupados con estudios superiores, un 28,1% señaló haber constatado caída en sus ingresos, mientras que para ocupados con educación hasta secundaria el porcentaje fue de 39%.
De hecho, la masa salarial —que es la suma de todos los ingresos salariales del empleo principal de todos los ocupados de la economía— pasó de $5,4 billones en 2019 a $4,8 billones en 2020, lo que implica una reducción de 11%. La pérdida masiva de empleos y de ingresos laborales durante la crisis implicó un aumento en los niveles y tasas de pobreza sin precedentes en las últimas décadas en Chile. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), la tasa de pobreza en Chile aumentó de 8,6% en 2017 a 10,8% en 2020, lo que implica que 540 mil personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza por la crisis económica y sanitaria.
Es relevante destacar que los ingresos considerados para calcular las tasas de pobreza consideran otros tipos de ingresos no laborales (arriendos, subsidios y bonos, alquiler imputado, transferencias privadas, etc.); he ahí la relevancia de las transferencias que realizó el gobierno en conjunto del retiro masivo de los fondos de pensiones para amortiguar la caída de los ingresos laborales. Si solamente tomáramos en cuenta los ingresos laborales de los trabajadores y las pensiones autofinanciadas, la tasa de pobreza nacional se eleva de 10,8% a 40%. Esto significa que si los hogares solamente hubiesen dependido de sus ingresos laborales 7,8 millones de personas en Chile estarían por debajo de la línea de pobreza monetaria. Es relevante destacar que los ingresos laborales no afectan meramente al trabajador, sino que a todo su círculo familiar; de hecho, un 47% de los menores de edad en Chile se considerarían pobres si solamente se incluyeran los ingresos laborales de sus familiares.
La recuperación de la producción y la brecha de empleo
Una de las principales características del proceso de recuperación económica es que desde el último trimestre de 2020 Chile logró recuperar y mantener los niveles de producción pre-pandémicos. Sin embargo, este no ha sido el caso del empleo y la fuerza de trabajo, los cuales se han mantenido por debajo de sus niveles previos a la pandemia. De hecho, existió una recuperación de los indicadores laborales durante el tercer y cuarto trimestre de 2020; pero desde entonces los niveles de empleo se han estancado. Entonces surge la interrogante: ¿por qué Chile ha podido recuperar los niveles de producción, pero no de empleo?
En primera instancia, un estancamiento de la fuerza de trabajo puede conducir a reducciones en las tasas de desocupación, si es que existe un estímulo en la demanda de trabajo por parte de las empresas y se relajan las restricciones de movilidad para los trabajadores por cuenta propia. Pero si los inactivos generados en la pandemia retornan al mercado laboral y la demanda de trabajo no crece lo suficiente, entonces observaremos un incremento en las tasas de desempleo y/o un incremento en empleos precarios y vulnerables tales como el empleo por cuenta propia.
En el gráfico 6 podemos ver que los niveles de empleo cayeron más que los niveles de producción en Chile. La pérdida masiva de empleos durante la pandemia no se vio reflejada en incrementos en las tasas de desempleo; de hecho, está se elevó a un 11% de la fuerza de trabajo durante 2020. Una de las características distintivas de esta crisis es que la pérdida de empleos se vio reflejada en la salida masiva de personas de la fuerza de trabajo, reduciendo las tasas de participación laboral y volviendo más complejo el regreso de las personas al mercado del trabajo. Si bien ha existido una recuperación tanto del empleo como de la fuerza de trabajo esta se ha estancado durante 2021. Entonces, para poder entender este fenómeno tenemos que analizar la composición de los gastos y la producción en Chile durante los últimos trimestres.
La caída en los ingresos laborales y los consecuentes incrementos en los niveles de pobreza y desigualdad durante 2020 han tenido repercusiones en la composición del gasto total de la economía alterando tanto la composición de la demanda agregada [el gasto total efectuado por todos los agentes de la economía en la adquisición de bienes y servicios nacionales en un período de tiempo] como de la producción total de la economía. Estas variaciones en el gasto y la producción explican, en parte, la brecha entre la recuperación del PIB y el empleo durante 2021. En el gráfico 7 podemos observar que durante 2018 y 2019 el consumo total de los hogares representó un 64% de la demanda agregada, siendo el componente más relevante del gasto total, mientras que desde 2020 hasta el segundo trimestre de 2021 este cayó a 59%. La caída de los ingresos del trabajo provocó una contracción en el consumo total de la economía.
No solamente existió un cambio en la participación del consumo en el gasto total, sino que los componentes del consumo también sufrieron un cambio, especialmente en el consumo de servicios y en el de bienes durables (autos, electrodomésticos, etc.). Esta última categoría ha sido la más dinámica en el proceso de recuperación económica. De hecho, el crecimiento anual del consumo real (aislado del incremento de los precios) de los bienes durables ha sido de un 50% y un 130% en el primer y segundo trimestre de 2021, respectivamente. Este fenómeno se explica, en parte, por el efecto de los retiros masivos de los fondos de pensiones. Debemos tener claro que a medida que se enriquecen los hogares, la fracción de su ingreso destinada a consumo disminuye. Adicionalmente, también debemos considerar que los retiros de los fondos de pensiones fueron regresivos, ya que los hogares de mayores ingresos accedieron a montos mayores que los hogares más pobres. Al conjugar estos dos factores podemos explicar que la participación del consumo agregado de la población no haya retornado a sus niveles pre pandémicos. Si consideramos que el grueso de los bienes durables son traídos desde el extranjero y comercializados internamente, podemos empezar a entender que puedan existir recuperaciones en los índices de actividad económica pero no en los de empleo, ya que solo se requiere trabajo para la comercialización de dichos bienes.
Por otro lado, ha existido una fuerte contracción en el consumo de servicios, el cual no ha logrado recuperar su participación prepandémica. Durante 2018 y 2019, el consumo de servicios era la categoría más relevante de la demanda total, representando un tercio del gasto total de la economía; mientras que el promedio 2020-2021 es solamente de un 27% del gasto total.
La recomposición del gasto es fundamental para entender la dinámica de la recuperación económica ya que esto implica una modificación de los ingresos que están recibiendo las empresas, y, por ende, de sus ganancias y del nivel de empleo que demanden. De hecho, ha existido una considerable recuperación de la inversión efectuada por las empresas en Chile durante 2021. Pero lo relevante es entender que diversas estructuras de gasto y producción dan origen a distintas estructuras de empleo.
Inactividad laboral y los desafíos de mediano plazo
Como se ha destacado anteriormente, una de las características principales de esta crisis es que la destrucción masiva de empleos se tradujo en una fuerte contracción de la fuerza de trabajo. Si en el primer trimestre de 2020 las personas inactivas fueron 5,9 millones, en el siguiente trimestre de 2020 este número se elevó a 7,5 millones de personas. Si bien ha existido una recuperación en la incorporación de personas inactivas hacia la fuerza de trabajo a finales de 2020, aún restan casi un millón de trabajadores para ser reintegrados y alcanzar los niveles pre pandémicos.
Al observar la composición de la inactividad en Chile podemos destacar que la pandemia «desalentó» a setenta mil personas de participar en el mercado laboral. Aún existen veinte mil desalentados para volver a los niveles pre pandémicos; y esto tampoco representa un buen referente, ya que contar con más de cien mil personas que están desalentadas por participar en el mercado del trabajo refleja, en parte, la precariedad de las condiciones laborales. Adicionalmente, existían 650 mil pensionados previos a la irrupción de la pandemia; y que se elevaron en 150 mil pensionados más en 2020, llegando a 800 mil. Esto implica que la pandemia y la crisis económica aceleró la jubilación de miles de trabajadores en un período sumamente corto.
Si nos ceñimos a las razones de inactividad en las encuestas de empleo, el argumento de que no se han recuperado los niveles de empleo porque las personas prefieren el ocio y disfrutar de los beneficios del gobierno y otros, no tiene sustento. De hecho, la cantidad de personas que no tienen deseos de trabajar se ha reducido desde 320 mil en promedio durante 2018-2019 a 250 mil personas durante el inicio de la pandemia. Dentro de las categorías más relevantes al momento de explicar la inactividad laboral está el fuerte incremento en 300 mil personas inactivas extras por razones familiares permanentes. Este grupo tiene la particularidad de ser, casi en su totalidad, mujeres. La crisis económica-sanitaria incrementó la inactividad de mujeres por razones familiares de 1,3 millones a 1,6 millones. He aquí uno de los grupos más relevantes para explicar la inactividad y el estancamiento de la fuerza de trabajo y el empleo.
Por ende, tenemos que recalcar el hecho de que la pandemia tensionó y sobrecargo el trabajo no remunerado de millones de mujeres, y que este nuevo escenario crea la necesidad de replantearse las labores de cuidado a nivel nacional. La creación de un sistema nacional de cuidados, el acceso a derechos reproductivos, el cierre de las brechas salariales y de la distribución de las tareas de cuidado entre sexo es una materia pendiente a nivel nacional. No haberse hecho cargo de estos asuntos en su momento generó un contexto donde las mujeres se convirtieron en quienes fueron más duramente golpeados por la pandemia.
La recuperación del empleo durante el segundo trimestre de 2021 se ha basado principalmente en empleos por cuenta propia. Esta categoría del empleo se incrementó el en 23%, seguida por el empleo familiar no remunerado que se expandió en un 21%. La situación se vuelve aún más preocupante cuando dividimos el empleo asalariado entre formal e informal; este último creció en un 17.4% durante el segundo trimestre de 2021. El proceso de recuperación económica en Chile se ha basado en la reinstauración de la precariedad laboral, el empleo por cuenta propia, los bajos ingresos, el empleo en la vía pública y la informalidad. Este es el principal desafío al que se deben enfrentar las autoridades, ya que los mercados laborales aún no se recuperan completamente y estas tienen la posibilidad de elegir una recuperación precaria o completar la recuperación económica transformando el mercado laboral y dar pie a una nueva estructura de los mercados del trabajo.
No se puede aspirar a volver a tener la misma estructura de los mercados laborales que tenía el país previo a la pandemia. Las crisis económicas han sido momentos donde tanto la teoría como la política económica han cambiado radicalmente. A pesar de todos los efectos recesivos, las muertes y el empeoramiento en la calidad de vida; la crisis genera una oportunidad de cambio en la política macroeconómica y laboral, con el objetivo de construir un mercado del trabajo que otorgue garantías mínimas a los trabajadores. Extender los sistemas de protección social frente al desempleo es una de las prioridades principales. Improvisar medidas masivas sobre la marcha retrasa la ayuda y empeora las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. La protección social de los trabajadores debe basarse en el principio de suficiencia. Independientemente de quién esté en el gobierno, la calidad de vida de la población no puede estar en manos del grupo de técnicos de turno.
En términos electorales, las propuestas basadas en políticas tradicionales como los subsidios laborales que reducen el costo de contratación de determinados sectores de la población no son suficientes para afrontar estos desafíos. La experiencia nos ha enseñado que contar con salarios bajos y flexibles no es una condición suficiente para incrementar el empleo. Tampoco se puede apostar por flexibilizar aún más el mercado laboral y profundizar la institucionalización de la precariedad laboral, en ese caso serían las trabajadoras más vulnerables del país las más afectadas.
Por el contrario, el abanico de medidas para enfrentar la actual situación debe tener un enfoque multi-sectorial, que va desde las políticas laborales tradicionales (capacitaciones, etc.), la política macroeconómica (el manejo adecuado de la demanda agregada), la protección social y la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados que al tiempo que atienda las necesidades urgentes de la sociedad ayude a disminuir la presión de las tendencias demográficas de las próximas décadas ya que aumentará la demanda de cuidados dado el incremento de las personas dependientes. Dicho sistema, aparte de crear oportunidades de empleo y potenciar la incorporación de distintos grupos sociales al mercado del trabajo, reduce la carga de trabajo no remunerado, alivia la pobreza de tiempo de las mujeres y mejora su participación en la fuerza de trabajo con el fin de posibilitar su autonomía económica.
Vivimos en sociedades en las cuales la mayor parte de la población tiene que trabajar para subsistir, nuestras vidas giran en torno al trabajo y tenemos que estar en el mercado laboral al menos 45 años de nuestra existencia, nueve horas al día, cinco días a la semana por más de once meses al año; y hay trabajadores que obviamente tienen una carga incluso mayor. A lo mínimo que tenemos que apuntar como sociedad es a garantizar que exista empleo para todo aquel que lo requiera, que las condiciones laborales sean dignas y decentes, y que la remuneración obtenida logre al menos garantizar una vida lo más alejada de las líneas de la pobreza para el grupo familiar.